There is no silent story. As much as they burn it, no matter how much they break it, no matter how much they lie to it, human history refuses to shut up. – Eduardo Galeano

Por Sheila Tanaka de Christian Aid Brasil y Marcelo Leites de FUMEC LAC

Parece que la COP25 Chile en Madrid, la única reminiscencia que tiene del país andino, son los nombres de los salones de conferencias o de pabellones, que evocan ríos, regiones y ciudades chilenas.

Llegamos a Madrid, ya con pesadumbre por la cancelación y cambio de lugar, con todo lo que esto significa políticamente; tanto para los gobiernos, tanto para la sociedad civil y los movimientos sociales.  Ya antes se había cambiado de lugar, Brasil era el país donde la COP25 iba a tener lugar, pero la aplanadora de bolsonaro, que no sólo derriba los bosques en la amazonía sino integración y acuerdos internacionales pasó por arriba de cualquier intento organizativo, abriendo lugar a la proposición de Chile.

En Madrid, la COP de presidencia chilena todo parece ir bien, según el Presidente Piñera. Chile está en un proceso de descarbonización; un país moderno que se adapta al cambio Climático y respeta los Derechos Humanos. Pareciera, que es válido decir cualquier cosa que se desee frente al micrófono de la plenaria mientras sea eco amigable y use los términos adecuados.  Mientras tanto en Chile, no sólo no existe un proceso real de descarbonización sino que las personas continúan en las calles resistiendo la opresión de las fuerzas armadas. Los informes son escalofriantes sobre la violación de los Derechos humanos; muertos, torturados y un pueblo que dice basta a 30 años a las inequidades sociales.

¿Pero qué tiene que ver la justicia climática con el conflicto político y social que sucede en chile? Básicamente mucho. Sería difícil entender la justicia climática separada de la justicia social y económica. El cambio climático no es más que la consecuencias de un sistema desigual que ha depredado la naturaleza y los bienes compartidos con el fin del crecimiento económico ilimitado, en donde finalmente unos pocos se benefician de aquello que es de todos y todas. Sin embargo, los impactos siempre afectan de mayor manera a los más vulnerados de nuestras sociedades. También las acciones para mitigación de los efectos de cambio climático, si no son pensadas en relación con las desigualdades sociales y las transiciones justas económicas y sociales no significarán cambios reales para las poblaciones más afectadas.

En esos días, cuando los líderes mundiales están discutiendo acuerdos para el clima por tercera vez consecutiva en Europa (la cuarta será el año que viene, el Glasgow, Escocia), estamos conscientes de los desafíos para una participación global equilibrada. Al mismo tiempo, denunciamos el hecho de que América Latina vive un contexto de profundización de las desigualdades y de la pobreza, en el que crece la vulnerabilidad de la población a los efectos de los cambios climáticos. En Amazonia, la deforestación ha aumentado 30% entre agosto de 2018 y julio de 2019, y con eso también crece la violencia y criminalización a líderes indígenas, quilombolas y otros protectores del bosque. La falta de medidas de protección a los pueblos de Amazonia son parte de una política anunciada de explotación comercial del mayor bosque tropical del mundo. La mineración, el agronegocio y las industrias forestales avanzan en ese territorio en disputa.

En un acto de solidaridad con lo que está pasando en Amazonia estaremos en el espacio de la sociedad civil, la Cumbre Social por el Clima, que sumará diálogos más allá de los espacios formales de la COP. El sábado 7 de diciembre haremos una celebración interreligiosa por la Amazonía, para orar y exigir justicia por los pueblos de la región, en conjunto con comunidades de fe de Madrid.

Estamos juntos y juntas como miembros de la Alianza ACT y distintas redes de organizaciones basadas en la Fe de América Latina trabajando en acciones para exigir que se cumplan los compromisos del Acuerdo de París; que se instalen mecanismos reales de financiamiento para abordar las pérdidas y daños;  modelos territoriales de mitigación, la promoción de las contribuciones determinadas a nivel nacional con planes de adaptación con enfoque en la justicia social, en los derechos humanos, en el género, incluyendo las formas de conocimiento tradicional de los pueblos indígenas.