Por Oscar Reicher Salazar*

Chile vive una crisis político y social profunda que se inició por una convocatoria realizada por estudiantes que llamaron a evadir el pago de la tarifa del metro de la
ciudad de Santiago, tras el anuncio de una nueva alza en el precio de este servicio de transporte.

El llamado a evadir el pago fue criminalizado por el Gobierno y ciertos sectores políticos de Chile. Sin embargo, el viernes el movimiento de crítica se masificó junto con generar un caos tras ataques a diversas estaciones del metro de la capital de Chile.

Al día siguiente, el Presidente Sebastián Piñera decretó Estado de Emergencia que de
acuerdo a sus propias palabras, tiene por objeto “asegurar el orden público, asegurar
la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto
públicos como privados”.

Ese mismo día sábado las movilizaciones se mantuvieron en Santiago, pero dado el
uso de la fuerza militar, desde diversas regiones del país se empezó a generar un
movimiento que inicialmente era de solidaridad con la población en Santiago, que
luego se transformó en exigir al Estado un servicio de transporte de calidad para todo
el país, y terminó siendo un movimiento que hoy demanda una profunda reforma a las
diversas desigualdades sociales y económicas que están arraigadas en Chile así como a
la concentración del poder y privilegio.

Fue así como en pocos días, un problema que parecía puntual tanto por su temática
como por radicarse sólo en la capital chilena, terminó siendo un movimiento nacional
que exige: fin al sistema de previsión social chileno (a cargo de las AFP
Administradoras de Fondos de Pensiones), jornada laboral, mejores sueldos, rebaja a
la tarifa del metro y transporte público en regiones, gestión ambiental de las aguas,
reforma constitucional, entre otras demandas. Junto con ello, de una región con
Estado de Emergencia a los pocos días pasó a tener 15 regiones con tal declaración y
por tanto la presencia de militares en las calles a cargo del orden público, cuestión que
ha sido fuertemente resistida por su remembranza al régimen dictatorial de Pinochet.

En los últimos días, se han reducido los horarios con toques de queda tras los intentos
de la misma ciudadanía que busca no empañar el movimiento ciudadano con actos
vandálicos, pero las marchas siguen con registros históricos de convocatoria.

ALGUNAS DESIGUALDADES PARA COMPRENDER EL MALESTAR SOCIAL EN CHILE.

Chile se había mantenido como un país que era mirado desde otros naciones por los
niveles de crecimiento alcanzado. Así en una reciente entrevista y dado el contexto
latinoamericano, el Presidente Piñera sostenía que Chile era un “oasis” dentro de su
barrio y el debate nacional se centraba en la organización de una nueva sesión de la
APEC y de la COP25.

Sin embargo, el historial de desigualdades en Chile es extenso, así como en las áreas
en las que se puede encontrar con ellas. De acuerdo al informe del Programa de
Naciones Unidas denominado “Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha
social en Chile”, del año 2017, Chile registra datos como que el 33% del ingreso que
genera la economía chilena lo capta el 1% más rico de la población.

En materia de salarios, la mitad de los asalariados con jornada de treinta y más horas
semanales obtenía un salario bajo en 2015, entendiendo salario bajo como aquel que
es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un hogar promedio en ausencia
de otras fuentes de ingresos (es decir, uno que no permita a un trabajador mantener a
una familia de tamaño promedio sobre la línea de pobreza).

En cuanto a los datos de previsión social, alrededor de la mitad de los jubilados
percibe hoy una pensión inferior a un valor mínimo, definido en dicho trabajo como
un 70% del salario mínimo. Este resultado considera la pensión contributiva (pagada
por la AFP o el Instituto de Previsión Social) más el monto que provee el Estado como
aporte previsional solidario. En ausencia de este componente, un 72% de adultos
mayores habría recibido una pensión inferior a la mínima en 2015.

Respecto del trato social, el Informe toma los datos de la encuesta PNUD-DES 2016,
donde el 41% de la población encuestada declara haber experimentado en el último
año alguna forma de malos tratos, desde ser pasado a llevar, ser mirado en menos, ser
discriminado o tratado injustamente. Consultadas las personas sobre las razones, la
clase social (43%) y ser mujer (41%) aparecen a considerable distancia de todas las
demás como las razones más frecuentes de la experiencia de malos tratos. En tercero,
cuarto y sexto lugares aparecen razones íntimamente ligadas a la posición social de las
personas.

Según los datos del Informe citado, Chile se ha distinguido siempre por una elevada
desigualdad socioeconómica, que ha variado en intensidad y carácter a lo largo del
tiempo. En el siglo XX se observan las mayores fluctuaciones: mientras en las primeras
dos décadas las clases altas aún conservaban un predominio político, económico y
social casi sin contrapeso, entre 1930 y 1973 hubo un proceso de creciente
democratización, de la mano del cual las desigualdades se moderaron. Luego la
dictadura militar impuso cambios políticos y económicos que derivaron en nuevas y
significativas desigualdades.

 

*Oscar Reicher Salazar es Vicepresidente y miembro del ExCO de la FUMEC ALC.  Consejero político por la Región del Biobío de Revolución Democrática.